Seguridad juridica: un debate de la minería en Jujuy

Si bien el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu, mantiene en reserva el discurso, varias fuentes del sector coincidieron en que esos dos temas “vienen conversándose mucho en las reuniones de la entidad”. Pero también convinieron en que se evitará confrontar abiertamente con el Gobierno aunque “sigan las demoras en la remisión de utilidades” a las casas matrices, indicaron a BAE Negocios.

Es ese otro punto que preocupa a las empresas que conforman el quinto complejo exportador del país, emplea a unos 100.000 trabajadores en forma directa y durante el año pasado realizó exportaciones por unos u$s5.300 millones. A principio de año, la administración central comenzó a autorizar –como anticipó este diario a mediados de enero– el giro de dividendos, que se aprueba o frena directamente en el Banco Central y mediante un llamado telefónico a la entidad bancaria que solicita la autorización para hacer la transferencia.
La caída de los precios internacionales de los metales y la necesidad de que la Argentina ofrezca un escenario “competitivo” para las inversiones serán dos de las líneas centrales que recorrerán hoy el almuerzo por el Día de la Minería. El encuentro, que reunirá a todos los operadores mineros del país (entre ellos los de la minería en Jujuy), estará atravesado por el 200º aniversario de la creación de la primera ley de fomento minero, que impulsó el secretario de Hacienda del Triunvirato, Vicente López y Planes.
Esa decisión descomprimió un poco las quejas de los gerentes de las mineras, que durante el año pasado tuvieron frenados unos u$s900 millones que no pudieron remitir a sus casas matrices. Pero aunque esas autorizaciones fueron puntuales y “a cuentagotas”, como definieron los empresarios, permitieron congelar los planteos privados sobre congelamiento de decisiones de inversión.
Ese mecanismo, de frenar o liberar la salida de dólares del sector minero fue posible por el decreto 1.722 de fines de octubre de 2011, que eliminó el beneficio que sólo tenían las mineras y empresas petroleras de liquidar la totalidad de sus exportaciones en el exterior. Eso las obligó a pasar su dinero físico por el país y a tener que conseguir una autorización para luego remitirlo a sus casas centrales.

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